Causa molestia ver como se maneja el escándalo de la semana: la narco política. La verdad debería relucir y las investigaciones deberían seguir profesionalmente, sin temor ni favor.
Dudamos que el gobierno evite meter mano en el asunto, pues aparentemente tendría mucho que perder. Además que hay antecedentes de intervención gubernamental cuando se trata de amainar eventuales tormentas.
Por su parte el congresillo “fiscalizador” ha manifestado por intermedio de su “ficha” judicial: César Rodríguez, que una investigación “…se iniciará en el Legislativo “cuando se cuente con los elementos necesarios para llevar adelante un proceso”. …” O sea bla bla y métale a la cortina de humo…
Se presume la inocencia de todo ser humano mientras no se haya declarado su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada, eso no se discute y la eventual culpabilidad de los imputados en este escándalo debe ser determinada en un juicio justo.
En el caso que hoy agita la nación hay una oscuridad que no ayuda a nadie y que complica a todos. El quid no está en condenar, o no, a Ignacio Chauvín, sino en saber si es que ha habido, o no, una red de narco terrorismo que ha actuado libre e impunemente bajo el auspicio del gobierno.
Queremos saber qué hay en la ALDHU y qué actuaciones han tenido Juan de Dios Parra, Gustavo Larrea y Diego Benítez. El país necesita aclaraciones sobre los muchos movimientos verificados al interior de la policía, que por favor no se nos pretenda hacer tragar la píldora de que esos cambios son normales. Ese tipo de “salidas al paso” además de ser de muy mal gusto, dejan una sombra de duda que no es beneficiosa para la institucionalidad ni el profesionalismo policial.
Deja marcado olor a podrido el que se quiera entorpecer un proceso de investigación que, en el fondo, debería buscar saber técnica y científicamente, si hubo aportes de la narco guerrilla de las FARC en la campaña electoral del actual Presidente.
Seriedad y amor patrio deberían ser los ingredientes para resolver este caso, pero bajo la batuta de la revolución revolucionaria y su particular estilo de verdad lo dudamos. Ojala estemos equivocados.
Dudamos que el gobierno evite meter mano en el asunto, pues aparentemente tendría mucho que perder. Además que hay antecedentes de intervención gubernamental cuando se trata de amainar eventuales tormentas.
Por su parte el congresillo “fiscalizador” ha manifestado por intermedio de su “ficha” judicial: César Rodríguez, que una investigación “…se iniciará en el Legislativo “cuando se cuente con los elementos necesarios para llevar adelante un proceso”. …” O sea bla bla y métale a la cortina de humo…
Se presume la inocencia de todo ser humano mientras no se haya declarado su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada, eso no se discute y la eventual culpabilidad de los imputados en este escándalo debe ser determinada en un juicio justo.
En el caso que hoy agita la nación hay una oscuridad que no ayuda a nadie y que complica a todos. El quid no está en condenar, o no, a Ignacio Chauvín, sino en saber si es que ha habido, o no, una red de narco terrorismo que ha actuado libre e impunemente bajo el auspicio del gobierno.
Queremos saber qué hay en la ALDHU y qué actuaciones han tenido Juan de Dios Parra, Gustavo Larrea y Diego Benítez. El país necesita aclaraciones sobre los muchos movimientos verificados al interior de la policía, que por favor no se nos pretenda hacer tragar la píldora de que esos cambios son normales. Ese tipo de “salidas al paso” además de ser de muy mal gusto, dejan una sombra de duda que no es beneficiosa para la institucionalidad ni el profesionalismo policial.
Deja marcado olor a podrido el que se quiera entorpecer un proceso de investigación que, en el fondo, debería buscar saber técnica y científicamente, si hubo aportes de la narco guerrilla de las FARC en la campaña electoral del actual Presidente.
Seriedad y amor patrio deberían ser los ingredientes para resolver este caso, pero bajo la batuta de la revolución revolucionaria y su particular estilo de verdad lo dudamos. Ojala estemos equivocados.